Al llegar de vacaciones me llevé una desagradable sorpresa
al abrir el correo que me provocó unas sensaciones de indignación e impotencia,
no sólo por el expolio y el robo al que, por desgracia, nos estamos
acostumbrando por parte de los poderosos, sino también por la connivencia del
gobierno que mete mano a todo lo que se mueve, aunque sea incumpliendo las leyes
que él mismo aprueba.
La compañía en la que tengo el teléfono móvil es Movistar.
La factura que emitió el mes pasado abarcaba desde el día 17 de julio hasta el
18 de agosto. Yo llegué de vacaciones el día 31 de agosto por la tarde, y ya
encontré la carta en el buzón de mi casa; o sea, que a muy tardar la carta la
llevó el cartero a mi casa ese mismo día. La carta está emitida en Madrid, entonces
como mínimo me la enviaron el día 29 de agosto. Pero mira tú por dónde, la
fecha de emisión de la factura es, ¡¡¡tatachán!!!: ¡¡¡el 1 de septiembre!!! ¿Y
qué pasaba el 1 de septiembre? ¡¡¡Tatachán!!! ¡Que subía el IVA!
Sí, señoras y señores, al consumo de teléfono realizado
entre el 17 de julio y el 18 de agosto, le cargaron el IVA que entraba en vigor
el día 1 de septiembre. Si esto no es una ilegalidad, que venga Dios y lo vea.
Y yo ahora me pregunto: si la empresa es un mero
intermediario entre el consumidor final y Hacienda, y si su única misión en
este aspecto es la de cobrar el impuesto para luego ingresarlo en la cuenta de Hacienda,
¿qué interés tiene en cobrar el nuevo IVA si a ella no le beneficia en
absoluto, antes al contrario, lo único que consigue es cabrear aún más a sus
sufridos clientes?
Como soy un escéptico total y ya no me fío ni de mí mismo,
la única explicación que se me ocurre es la de que Movistar sí que saca tajada
por cobrarnos ilegalmente ese IVA; estoy seguro de que, de los tres puntos de
incremento, con la connivencia del gobierno, por lo menos se queda uno, sino, a
qué santo.